Intendentes de Guadalajara

De Enciclopedia de Guadalajara
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Artículo de Félix Salgado Olmeda, bajo licencia CC By-sa petit.png
Bando del corregidor e intendente general de la ciudad de Guadalajara y su provincia, y de las de Cuenca y Soria, Francisco Antonio de Liaño... 1719-12-31. (Archivo Municipal de Guadalajara).

Desde 1718 y durante todo el siglo XVIII la máxima autoridad civil, jurídica, administrativa y militar en la ciudad y provincia de Guadalajara fue el intendente, delegado y representante real. Tenía, pues, dos ámbitos de actuación, el ámbito provincial y el ámbito municipal.

Hasta 1718, durante los siglos XVI y XVII, las funciones citadas habían correspondido al corregidor. Esa figura institucional ya fue objeto de algunos cambios en 1711, ampliando sus competencias, sobre todo en el ámbito fiscal. En 1718, acabada la Guerra de Sucesión y afianzada la nueva dinastía, y como consecuencia del reformismo borbónico en la administración estatal, se instituyó la nueva figura del intendente de provincias: por Real decreto de 4 de julio se establecieron veinte intendencias, divididas en militares y de provincias, entre estas últimas la de Guadalajara.

Funciones de los intendentes

Las funciones generales del intendente eran las de administración de justicia, policía, guerra y finanzas, muchas de las cuales habían sido ejercidas antes por los corregidores.

Las funciones militares, les obligaban a encargarse de la tropa y del reclutamiento en ciudad y provincia. En el campo judicial debían mantener la ley y el orden y prevenir los tumultos y los posibles conflictos. En el campo fiscal, el intendente era el encargado de la supervisión de la gestión y recaudación de rentas reales, delegando esta misión en los corregidores, funcionarios y administradores de rentas reales y del impuesto de millones de las ciudades y villas de la provincia, dependientes de la Superintendencia Provincial de Rentas Reales y éstos, a su vez, de la Real Hacienda. Sobre policía especial, tenía que visitar y recorrer la provincia entera informando a la Cámara de Castilla, atender y fomentar obras públicas, regadíos, puentes y caminos, atender a la sanidad e higiene de pueblos, vigilar graneros y archivos, fomentar la agricultura, ganadería e industria y proteger la moneda.

Tal cantidad de atribuciones, en territorios tan extensos y heterogéneos como, por ejemplo, la provincia de Guadalajara, que inicialmente reunía los antiguos corregimientos de Guadalajara, Soria y Cuenca (con el corregimiento de Molina), suscitó quejas y generó algunas dificultades derivadas de la incapacidad para abordar tantas competencias de forma efectiva. En 1724, por un Real decreto de 19 de julio, Felipe V abolió los intendentes de las provincias donde no había tropas, quedando aquéllas agregadas de nuevo a los corregimientos. En el caso de Guadalajara se separaron los de Soria y Cuenca -con Molina.

Fernando VI, a través de su ministro Ensenada -por la Ordenanza de Intendentes Corregidores de 13 de octubre de 1749- volvió a instaurar los intendentes provinciales. Además, por un Real decreto de 2 de diciembre de ese mismo año se establecieron ocho intendencias de ejército (Andalucía, Aragón, Castilla, Cataluña, Extremadura, Galicia, Mallorca y Valencia) y 18 de provincia, divididas a su vez en tres tipos, de primera, de segunda y de tercera clase, ahora de forma definitiva.

La provincia-intendencia de Guadalajara en el siglo XVIII

Guadalajara era una provincia-intendencia de tercera clase. Sus límites geográficos no variaron hasta el 30 de noviembre de 1833 en que aparece la actual división provincial, obra de Javier de Burgos, ministro de Fomento de Fernando VII.

Conocemos bien la provincia-intendencia del siglo XVIII gracias al geógrafo Tomás López, que hizo en 1766 un completísimo mapa de la misma, y a la publicación en 1789 del Nomenclátor de Floridablanca. La provincia, ahora ya sin Cuenca y Soria, intendencias diferentes, se extendía por una amplia jurisdicción de 5.030 kilómetros cuadrados (el 1,06 por ciento del territorio nacional), ocupaba amplios territorios de las actuales provincias de Guadalajara y Madrid, englobando dos ciudades (Guadalajara y Sigüenza), numerosas villas, y cientos de pueblos y aldeas, hasta un total de 344 poblaciones. En 1752, sólo en el territorio de la actual provincia de Guadalajara, estaba poblado por 67.948 habitantes.

Evolución del oficio de intendente

  • Hasta 1766 el intendente de Guadalajara era corregidor del partido y la ciudad desde que, por la Ordenanza de 1749, ambos cargos aparecían unidos.
  • Por Real Decreto de 13 de noviembre de 1766 Carlos III separó de nuevo corregimientos e intendencias; los primeros se encargarán de justicia y policía y los segundos de aspectos hacendísticos y militares y así el corregidor-intendente de provincia fue nombrado sólo intendente de Ejército.
  • El oficio de intendente volvió a sufrir, en Guadalajara, algunas reformas a fines de siglo: en 1779, se vuelven a unir de nuevo intendencia, corregimiento (de capa y espada) y dirección de las Real Fábrica de Paños, separando la Alcaldía mayor (provista en un abogado o letrado), y en 1793, se vuelve a separar intendencia, de nuevo con funciones militares y corregimiento, uniendo este último a la alcaldía mayor.

En Guadalajara, además, los intendentes tenían una función añadida: fueron, desde 1719, Superintendentes de las Reales Fábricas y esto hizo que el cargo pasase no sólo por las vicisitudes derivadas de las reformas borbónicas, sino también por las del propio complejo fabril, siendo a veces administradores y directores.

Esto incidió en el marcado cariz que los titulares de la intendencia debían tener en el campo económico y fiscal. Los primeros intendentes fueron fundamentalmente militares, pero desde que la Real Fábrica pasó a depender de la Junta de Comercio y Moneda (1731-1757), asociada a Hacienda, la casi totalidad de los intendentes-corregidores de Guadalajara se caracterizaron por la experiencia en el campo económico e incluso industrial como directores de la Real Fábrica y recaudadores o supervisores de rentas reales. González Enciso ha demostrado cómo, en general, la gestión administrativa en la Fábrica de los intendentes con capacidad económica fue mucho mejor que la de los meramente militares.

Corregidores de Guadalajara, los intendentes debían tomar posesión del cargo en la ciudad, aunque antes de incorporarse debían jurarlo en el Consejo de Castilla. Tras el nombramiento por la Cámara debían pagar el impuesto de la media annata [1], y dentro de treinta días después de tomar posesión en la Ciudad debían dar fianzas que sirviesen para el pago de las posibles condenas que pudiere haber en los «juicios de residencia» hechos por los jueces nombrados especialmente para ello, con la finalidad de revisar la gestión del corregidor (una especie de auditoría), y que se llevaban a cabo al abandonar aquéllos el cargo en la Ciudad, lo que les obligaba a tener un fiador en Guadalajara ajeno al gobierno de la ciudad, lo que les llevaba a buscar avalistas entre los escasos comerciantes, operación a veces difícil.

La duración del cargo de intendente durante el siglo XVII había sido fijada en tres años como máximo, pero para el periodo estudiado y en el caso de Guadalajara esta norma apenas se cumplió.

Salario y dotación económica del cargo de intendente-corregidor

El salario del intendente-corregidor venía fijado por ley. Ya en 1348, Alfonso XI estableció en el Ordenamiento de Alcalá que los corregidores cobrasen el salario de los bienes de propios de los Concejos. Esta disposición se mantuvo durante todo el Antiguo Régimen, pero en el siglo XVIII los corregidores cobraban además el sueldo de intendente de la Real Hacienda.

En 1718 la mayoría de los intendentes cobraban 4.000 escudos (52.800 reales), excepto en Guadalajara donde el salario era de 5.000 escudos (66.000 reales); pero al suspenderse en 1721 el empleo de intendente de provincia los salarios fueron reducidos, en general, entre 1.000 y 2.500 escudos (es decir entre 13.200 y 33.000 reales).

En 1751, según el Catastro de Ensenada, el intendente de Guadalajara cobraba 30.000 reales como intendente y 4.950 reales como corregidor, es decir, un total de 34.950 reales de salario, pero en 1755 cobraban una cifra mayor, unos 36.400 reales, ya que además el intendente cobraba por distintas comisiones añadidas a su gestión.

Parece, pues, que la intendencia de Guadalajara fue una de las mejor dotadas económicamente, porque los corregidores-intendentes que eran también directores o superintendentes de las Reales Fábricas cobraban además, según el Catastro, el sueldo de 24.000 reales. Como ejemplo valga el de D. Juan de Torres Salazar que cobró 30.000 reales como intendente, 12.000 como corregidor y 30.000 como director de las fábricas; en total, la substanciosa cantidad anual de 72.000 reales.

Relación de intendentes-corregidores del siglo XVIII

1718-1719. D. Francisco Antonio de Liaño

Caballero de Calatrava, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, consejero de Hacienda y corregidor e intendente general de Guadalajara, Cuenca y Soria desde 16 de agosto de 1718 hasta el 2 de marzo de 1719.

1719-1732. D. Miguel de Medina y Contreras, conde de Medina y Contreras

Fue corregidor, intendente general de rentas reales y servicios de millones de las provincias de Guadalajara, Soria y Cuenca desde 18 de febrero de 1719 a 1732. En 1724, cuando desaparecieron las intendencias de provincia conservó el corregimiento de Guadalajara -ya sin Cuenca y Soria-, y ese año se le concedió la superintendencia de la Real Fábrica de Paños, que ejerció conjuntamente. En 1732 pasó a la provincia de Valladolid hasta su muerte.

1732-1737. D. Pablo Feijóo de Sosa

Corregidor y superintendente de rentas reales desde noviembre de 1732 a 1737. Caballero de Santiago. A su cese se le concedió una plaza como consejero de Hacienda.

1737-1744. D. Antonio de la Moneda y Garay

Intendente y corregidor, superintendente de rentas reales y de la Real Fábrica entre 1737-1744. Caballero de la Orden de Santiago. Murió a principios de 1744.

1744-1750. D. Bernardo Cambi

Superintendente de la Real Fábrica de Paños desde 4 de febrero de 1744, fue nombrado corregidor y superintendente de rentas reales de la provincia el 27 de marzo y capitán a guerra desde el 9 de abril de dicho año. Cuando en 1749 se restablecieron los intendentes de provincia, fue nombrado para el cargo.

1750-1755. D. Juan Díaz del Real

Coronel del ejército, teniente del Rey del castillo y plaza de Alicante; corregidor e intendente, superintendente de rentas reales y servicio de millones de la provincia desde 22 de junio de 1750 a 1755, en que fue promovido para la intendencia de Murcia.

1755-1757. D. Bernardo de Rojas y Contreras

Caballero de la Orden de Calatrava, regidor de Toledo y de Guadalajara, y corregidor-intendente desde 5 de julio de 1755 hasta 1757 en que igualmente pasó a Murcia. En 1760 pasó a Córdoba, hasta el 7 de septiembre de 1765 en que fue ascendido a consejero de Hacienda, muriendo el 10 de octubre de ese mismo año.

1757-1774. D. Teodoro Ventura de Argumosa

Caballero de Santiago, intendente desde el 10 de junio de 1757 hasta 1774 en que a su muerte fue sustituido por D. Juan de Torres Salazar. En 1767 fue nombrado intendente de ejército, pero conservando de forma interina la intendencia de provincia y la gestión y dirección de las Reales Fábricas hasta 1774.

1774-1785. D. Juan de Torres Salazar

Nombrado intendente el 3 de marzo de 1774, junto con la dirección de las Fábricas de paños de Guadalajara, Brihuega y San Fernando de Henares. Desde 1776 fue nombrado intendente de ejército honorario, y el 31 de octubre de 1777 es condecorado como caballero de la Real Orden de Carlos III. En 1785 abandona Guadalajara para pasar a Córdoba, de donde fue nombrado intendente el 19 de octubre. Murió en 1795.

1785-1793. D. Miguel Fernández Vallejo

Intendente de Ejército en 1778, fue nombrado intendente y corregidor de Guadalajara el 12 de diciembre de 1785, aunque ya tenía experiencia en el cargo al ejercer la intendencia de Ávila entre 1776 y 1777. Caballero de la Real Orden de Carlos III desde el 20 de marzo de 1787, murió en funciones en 1793.

1793-1795. D. José Víctor García de Samaniego Ulloa, II Marqués de la Granja

Militar, capitán de caballería, caballero de Calatrava desde 16 de mayo de 1786, y nombrado intendente de Guadalajara el 14 de enero de 1793, sin el corregimiento. En 1795 se le promovió a la intendencia de la provincia de Salamanca.

1795-1796. Tomás Pascual Ripoli

Caballero de la Orden de Carlos III, de origen italiano. Miembro del Consejo de Hacienda, nombrado intendente de Guadalajara sin el corregimiento el día 18 de febrero de 1795 hasta el 13 de enero de 1796. Su título no aparece en los Libros de Acuerdos del Ayuntamiento de Guadalajara.

1796-1797. Cayetano de Urbina y Urbina

Militar, tesorero de la Armada del Principado de Cataluña. Nombrado intendente de la provincia sin el corregimiento, el 13 de enero de 1796. Su título no aparece en los libros de Acuerdos del Ayuntamiento de Guadalajara. Será nombrado intendente de Valladolid en 1798.

1797-1809. D. Santiago Romero Rodríguez

Director de las Reales Fábricas de Paños de Guadalajara y Brihuega desde 1790, su buena gestión económica le valió que fuese nombrado comisario de guerra de la provincia en 1791. El 28 de febrero 1797 es nombrado intendente de la provincia y corregidor, y es nombrado caballero de la Orden de Carlos III el 27 de agosto de 1798. En 1809 pasa a colaborar con el gobierno de José I Bonaparte y acepta la plaza de Consejero de Estado, dejando la Intendencia de Guadalajara a Juan López Pinilla. En 1812, acaba su carrera.

Notas

[1] Media annata: Impuesto que consistía en pagar a la Real Hacienda por la concesión de cualquier cargo o empleo público durante el primer año la mitad del salario. Creado por Felipe IV el 22 de mayo de 1634, fue suprimido definitivamente en 1845. Se cobraba también por la concesión de títulos nobiliarios.

Referencias bibliográficas

  • ABBAD, Fabrice, y OZANAM, Didier. «Para una historia de los intendentes españoles en el siglo XVIII». En: Actas del IV Symposium de Historia de la Administración. Madrid : Instituto Nacional de Administración Pública, 1983. P. 579-712.
  • -- Les intendants espagnols du XVIIIe siécle. Madrid : Casa de Velázquez, 1992.
  • GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín. El Corregidor castellano: 1348-1808. Madrid, 1970.
  • KAMEN, Henry. «El establecimiento de los intendentes en la Administración española». En: Hispania, 1964, tomo XXIV, n. 95, p. 368-395.
  • MARCOS GONZÁLEZ, María Dolores. La España del Antiguo Régimen : Castilla La Nueva y Extremadura. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1971.
  • MARTÍN GALÁN, Manuel. «230 pueblos de la provincia de Guadalajara: su población en 1752, 1768 y 1786». En: Revista Internacional de Sociología, 1978 (octubre-diciembre), tomo 36, n. 28, p. 487-568.
  • MERCHÁN FERNANDEZ, A. Carlos. Gobierno municipal y Administración local en la España del Antiguo Régimen. Madrid : Tecnos, DL 1988.
  • SALGADO OLMEDA, Félix. Elite urbana y gobierno de Guadalajara a mediados del siglo XVIII. Guadalajara : Patronato Municipal de Cultura, 1998.
  • -- Oligarquía urbana y gobierno de la ciudad de Guadalajara en el siglo XVIII (1718-1788) [Recurso electrónico]. Guadalajara : Diputación Provincial, 2003. 1 disco (CD-ROM).